Español
Ricardo Alarcón de Quesada
Desde que comenzó el mes de junio tanto en Manhattan como en San Juan miles de puertorriqueños han salido a las calles levantando dos demandas fundamentales: la independencia de Puerto Rico y la liberación de Oscar López Rivera quien cumple más de 34 años de prisión y es el preso político por más tiempo encarcelado en Nuestra América.
En estas manifestaciones han participado todos los sectores políticos y sociales de Puerto Rico, sin excluir a ninguno. Convocados por todas las organizaciones patrióticas que han luchado contra el colonialismo por caminos diferentes pero ahora se juntaron para esta acción, a ellas se sumaron otras que, de un modo u otro, muestran creciente inconformidad con un régimen que, carente de soberanía, atraviesa además una profunda crisis económica y social.
La causa puertorriqueña ha sido singularmente compleja y difícil. Enfrentando por más de un siglo al Imperio más poderoso de la Tierra, la pequeña isla ha sufrido de un muy duro aislamiento. Por presiones de Washington su drama fue ignorado por mucho tiempo por la mayoría de sus hermanas latinoamericanas y caribeñas y silenciado por la gran prensa internacional. Su lucha ha sido, sobre todo, una lucha solitaria desde que, apartada del gran movimiento emancipador del Siglo XIX, al que, sin embargo, aportó una importante contribución de combatientes y sacrificios, fue cedida como posesión por la Corona española al naciente Imperio norteamericano que sobre ella ejerce un dominio absoluto. El tremendo desafío explica en gran medida las desavenencias internas que han obstaculizado la necesaria unidad del pueblo.
La situación, sin embargo, está cambiando. El motor que impulsa el cambio tiene un nombre: Oscar López Rivera. La brutal condena que padece ha generado el rechazo unánime de todos los puertorriqueños sin excepción alguna.
Oscar no mató ni causó daño a nadie. No practicó la violencia ni transgredió las leyes. Su única experiencia armada fue en la guerra de Viet Nam a la que se vio arrastrado como tantos jóvenes de su generación y de la que regresó condecorado por el Ejército norteamericano.
Lo condenaron en 1981 a 55 años de cárcel por el supuesto delito de “conspiración sediciosa”, en concreto por ser militante en la emigración boricua de Chicago de una organización que busca la independencia de Puerto Rico. Le fueron impuestas condiciones carcelarias especialmente crueles, incluyendo 13 años de confinamiento solitario y severas restricciones a su comunicación con el mundo exterior. Su primer contacto con la prensa ocurrió hace dos años, ocasión en la que, por cierto, afirmó: “yo estoy listo para lo que venga, siempre voy a estar listo para lo que venga”.
El caso de Oscar es escandalosamente injusto y así fue reconocido, al más alto nivel, por las autoridades norteamericanas. En 1999, hace ya dieciséis años, el Presidente Clinton determinó que a él y a otros puertorriqueños entonces encarcelados les habían impuesto sentencias excesivamente prolongadas y por ello debían ser inmediatamente liberados. Oscar rehusó aceptarlo porque aquella acción presidencial no incluía a otros dos prisioneros. Estos dos hace años cumplieron sus castigos y recuperaron la libertad mientras que han sido denegadas sucesivas peticiones presentadas por la defensora de Oscar.
Así se lo pidió al Presidente Obama en 2013, en votación unánime, la Convención de la AFL-CIO, la organización sindical norteamericana. Igual solicitud han hecho todas las instituciones políticas, religiosas, académicas y sociales de Puerto Rico, incluyendo al Gobernador –que, en gesto sin precedentes, visitó a Oscar en la prisión federal- y a los partidos coloniales y todos los medios de prensa de la isla y de la emigración boricua. Nunca antes se había alcanzado entre los puertorriqueños semejante expresión de unidad.
Es un milagro del amor y la solidaridad. Lo hizo posible un hombre que sacrificó toda su vida por los demás y sufrió los peores tormentos por la Patria irredenta que hoy encarna ejemplarmente.
Antes que concluya el mes el Comité de Descolonización de la ONU reafirmará el derecho de Puerto Rico a su independencia y se sumará a la exigencia por la libertad de Oscar. El Comité ha estado pronunciándose al respecto desde 1972, siempre reconociendo los derechos inalienables de la nación puertorriqueña. Pero Washington hace oídos sordos a un reclamo que, pese a sus empeños por detenerlo, no deja de crecer: durante años sólo Cuba promovía el tema en la ONU, hoy la acompaña un grupo de países latinoamericanos. Se necesita multiplicar las acciones, en la Asamblea General y en todos los foros internacionales y más allá hasta trasformar el caso de Puerto Rico en lo que debe ser, una verdadera prioridad para todos.
Se trata de una batalla en la que América Latina, enrumbada ahora por caminos de una nueva época, tiene una obligación inexcusable y habrá que librarla con la misma determinación del patriota indoblegable que, desde la soledad de su celda, ha sabido vencer el atroz cautiverio.
